Por ley, está garantizada la provisión de todo lo que los pacientes necesitan para tratar adecuadamente esta enfermedad crónica, que afecta al 11 por ciento de la población en Argentina[1], lo que equivale a más de 4 millones y medio de personas.
Hasta hace poco, las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con diabetes reclamaban la actualización de las innovaciones incluidas en la cobertura en la ley, pero desde hace unos meses están encontrando obstáculos inclusive en la entrega de lo que ya está contemplado en la legislación vigente, a lo que antes accedían en tiempo y forma.
· Esto es inadmisible, porque en nuestro país el acceso a la salud es un derecho constitucional y la interrupción o demora del tratamiento de esta condición puede representar severas consecuencias en el largo plazo: desde complicaciones cardiovasculares, pérdida de la visión e insuficiencia renal hasta inclusive incrementar el riesgo de amputaciones.

Demoras en la entrega de medicación, reducción de la cobertura que pasa de ser del 100% al 70 ó al 40%, notificaciones de cese de prestaciones o medicamentos que ya no se entregan: estos son sólo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan a diario a diario muchos de los cuatro millones y medio de argentinos que tienen diabetes en nuestro país, tanto los que tienen obras sociales o prepagas como quienes se atienden en el sector público y acceden a su tratamiento a través de distintos programas.

La Sra. Adriana Angelina, Presidente de la Asociación Civil de Diabetes Argentina (ADA), manifestó preocupación respecto de las trabas que encuentran los pacientes para acceder a todo lo que necesitan para controlar su enfermedad, cuya cobertura está garantizada por la Ley Nacional de Diabetes Nº 26914, vigente desde 2013: “a diario nos enfrentamos con idas y venidas en medio de un pantano adonde no podemos avanzar. En cada ventanilla nos dicen cosas diferentes y, muchas veces, en un marco de poco diálogo, poca escucha, intolerancia y violencia”.

El reclamo no quiere tampoco sugerir que se haya cortado el suministro de medicamentos; lo cierto es que muchos los reciben con normalidad como lo venían haciendo históricamente. Sin embargo, tanto ADA como otras asociaciones en otras provincias, todos los días son contactadas por pacientes, quienes refieren que sufren interrupciones, demoras o modificaciones imprevistas en la cobertura de sus insulinas, sus antidiabéticos orales o inyectables, y en los dispositivos para medir la glucemia.

“Parece mentira que tuviéramos que remarcar que en el caso de enfermedades crónicas como ésta no se puede interrumpir los tratamientos, porque eso puede generar desequilibrios severos en el manejo de la enfermedad, con potenciales consecuencias graves e irreversibles para la salud”, enfatizó la Sra. Angelina.

“Quienes tenemos diabetes podemos hacer un esfuerzo muy grande para controlarla, siendo muy prolijos con la alimentación y con la administración de las medicaciones, pero muchos necesitamos no sólo insulina, sino otros medicamentos para vivir y para no presentar a futuro riesgo de ceguera, de infarto, de amputación de algún miembro. No son cuestiones menores para tomárselas a la ligera, se nos va la vida en esto, la salud no espera”, agregó.

La Ley de Diabetes vigente no sólo garantiza la cobertura de medicamentos y dispositivos para medir la glucemia, sino que además prevé una actualización cada dos años del listado de medicamentos y tecnologías que reconoce para poder ir incorporando las últimas innovaciones que mejoren el manejo de la enfermedad.

Hasta hace unos meses, el reclamo de ADA y otras organizaciones de la sociedad civil se centraba en lograr la actualización de la reglamentación prevista en la ley, porque hoy está contemplada la cobertura de algunas medicaciones que ya están obsoletas en todo el mundo menos aquí, y no cubre otras mucho más modernas y adecuadas para el tratamiento indicado. Tampoco considera algunos dispositivos para medir glucosa sin pincharse los dedos que están disponibles en nuestro país desde hace tiempo y que verdaderamente mejoran la calidad de vida significativamente. Además, permiten un control más preciso de la diabetes, ya que no sólo muestran el valor de las glucemias, sino que marcan las tendencias, que son vitales para actuar en consecuencia. Hoy, estos sensores sólo son utilizados por quienes los pagan de su bolsillo.

En cambio, hoy por hoy, el escenario es más complejo y las personas con diabetes están viéndose en la necesidad de reclamar que se reconozca aquello que históricamente tenían garantizado.

Las asociaciones de pacientes ya han mantenido reuniones con quienes están a cargo de la toma de decisiones en temas de salud. Meses atrás fueron recibidos por autoridades del entonces Ministerio de Salud de la Nación e inclusive por senadores y diputados nacionales, pero no logran dar con respuestas contundentes en beneficio de los millones de personas con diabetes que hay en nuestro país.

En estos días, se realizaron nuevas solicitudes de audiencia al Presidente Mauricio Macri, a la Ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al Secretario de Salud, Dr. Adolfo Rubinstein.

“Siempre queda la vía legal para reclamar lo que nos corresponde. Es antipática, costosa, engorrosa y muchos pacientes no están en condiciones de librar esas batallas contra sus sistemas de cobertura. Sin embargo, cuando los canales de diálogo y la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma no llevan a ningún lado y las medicaciones siguen sin aparecer, ¿qué otro camino tenemos para recorrer?”, se preguntó la presidente de ADA.

No sólo las personas con diabetes y sus familias están preocupadas por esta situación. Se han sumado a este reclamo sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Diabetes, integrada por médicos especialistas en el manejo de esta enfermedad de todo el país, quienes reconocen y experimentan a diario también las dificultades en el acceso a la salud de sus pacientes.

Desde ADA, reconocieron que sólo el tiempo dirá si la reducción de ministerios, que llevó el Ministerio de Salud a rango de Secretaría, repercute en una reducción de las prestaciones en Salud en términos de cantidad y calidad, pero en primera instancia no parece una medida alentadora. Si no buscaba lograr recortes, ¿qué objetivo podría perseguir?

La asociación está exigiendo ni más ni menos que el cumplimiento de la ley nacional de diabetes y denuncia que el acceso a los medicamentos e insumos es cada vez más restringido. También piden la urgente actualización de la reglamentación de la ley de 2013, prevista en forma bienal por la misma normativa, pero que no sucedió jamás y ya se está en el último trimestre de 2018.