Anoche, y tras un extenso debate, el Senado de la República Argentina aprobó por unanimidad la ley de muerte digna. La medida autoriza a los pacientes a rechazar procedimientos, cirugías y medidas de soporte vital, cuando sean “extraordinarias o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría”.

La Ley modifica los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. A partir de ahora, un paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal, tiene derecho a “rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital”, y “ningún profesional interviniente está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa” por la medida.

El titular de la comisión de Salud y Deporte, José Cano, afirmó que la medida apunta a mitigar el dolor y los sacrificios de los pacientes y sus familiares.

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani manifestó que la nueva Ley da respuesta para terminar con el sufrimiento de miles de familias, que padecen la extensión artificial de la vida de los pacientes.

En la jornada se aprobó, conjuntamente, la Ley de identidad de género que, al igual que la de muerte digna, será reglamentada y sancionada por el Poder Ejecutivo.

No es eutanasia. La nueva ley no implica la legalización de la eutanasia ni el suicidio asistido.

La eutanasia es un proceso que consiste en provocar la muerte de otro, para evitarle el sufrimiento físico causado por una enfermedad diagnosticada como incurable.

Holanda es el primer país en el mundo que legalizó la eutanasia hace 10 años. Cada caso debe ser estudiado por una de las cinco comisiones encargadas de verificar que los criterios de la ley han sido respetados, caso contrario, puede castigarse con una pena de hasta 12 años de prisión.

Desde la aprobación de la ley, en 2001, se han registrado un promedio de 2.500 eutanasias anuales.