La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina ratificó hoy por unanimidad el derecho de las mujeres víctimas de violación a practicarse un aborto sin necesidad de judicializar el caso.

De ese modo, cualquier mujer víctima de violación podrá presentarse en un hospital público y declarar bajo juramento que ha sido violada, sin que se le exijan mayores requisitos que su palabra para que se le practique el aborto.

El fallo no impide a los profesionales de la Salud hacer planteos de objeción de conciencia siempre y cuando ello no se traduzca en demoras que comprometan la atención que requiere la paciente.

“La Corte no está abriendo ninguna puerta, ni está promocionando el aborto. Su legislación corresponde al Congreso de la Nación”, dijo el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

La decisión pone fin a las interpretaciones respecto de los abortos no punibles ya que, con anterioridad, los jueces y médicos sólo autorizaban casos de mujeres con trastornos mentales.

Para el pronunciamiento se tuvo en cuenta la posición de la Organización Mundial de la Salud, del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

La Corte exhortó a implementar protocolos hospitalarios para atender los casos.

El caso. El caso de una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser víctima de una violación reavivó el debate sobre el aborto en Argentina.

El hecho tomó estado público cuando la familia procuró detener el embarazo, ante lo cual, los médicos sugirieron aguardar una autorización judicial.

Aunque en principio la madre de la niña había pedido a un juez la autorización legal, habría desistido de procurar el aborto.

Según organizaciones sociales, la madre pudo haber sido presionada para que retire el pedido.

Desde que se conoció el caso, las autoridades señalaron que, pese a la temprana edad de la niña, no había riesgo obstétrico que justificara un aborto.

Aunque ese caso reavivó la polémica, no fue el único.

Cifras del Ministerio de Salud de la Argentina, indican que en 2009 hubo casi 3.500 embarazos de niñas menores de 15 años en el país, un 0,4% del global de embarazos.

“Es inusual y poco frecuente que se dé un caso de embarazo como el de la niña de 11 años, que además se ve agravado porque es producto de una violación”, señaló en su momento Ariel Karolinski, representante de la Comisión Coordinadora de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASUMEN).

“De acuerdo con estudios que hemos realizado, hay una relación inversamente proporcional entre la edad de la embarazada y el riesgo de muerte. A menor edad mayor es el riesgo”, aseveró.

“Ya se sabe que desde el punto de vista obstétrico una niña tiene mayores riesgos y complicaciones. Pero también hay un trauma ocasionado por un embarazo a temprana edad, la imposibilidad de continuar sus estudios, la exclusión social y afecciones psicológicas”, señaló.

“El problema es que hay muchos intereses en juego: los médicos tienen miedo de ser penalizados y llevan a que se judicialice el caso. La decisión de que un ámbito privado quede en manos de terceros impone puntos de vista”, agregó.