“No hay una solución única para el problema de las drogas y nuestras organizaciones han reconocido que, para avanzar efectivamente en este propósito, es necesario un balance complementario entre las políticas de reducción de la oferta y de la demanda, acorde con las necesidades y realidades nacionales, que proteja y promueva la salud pública”, afirmó Mirta Roses Periago, la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La declaración se dio en el marco de la firma del documento en la apertura del 51º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La funcionaria enfatizó en que la salud es un derecho fundamental que debe estar en el centro de todas las políticas públicas, incluyendo las de drogas ilícitas.

“El memorando firmado con la OPS implica trabajar en conjunto en temas de salud, que es clave para la reducción de la demanda”, afirmó el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. 

Al inaugurar la reunión de la CICAD, se informó sobre el mandato dado por los Jefes de Estado y de Gobierno en abril durante la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, de preparar un reporte sobre los resultados de las políticas sobre drogas existentes en las Américas y las opciones para el futuro.

“Queremos compartir este trabajo con todos los organismos del sistema Interamericano”, dijo Insulza.

Según el memorando, la OPS y la OEA establecerán un Programa Regional Conjunto de Cooperación en Reducción de la Demanda de Drogas para realizar actividades de fortalecimiento institucional, capacitación y asistencia técnica a los países de las Américas.

“El éxito de estas acciones conjuntas no está garantizado de antemano porque no sólo dependen de la buena disposición de ambas organizaciones”, advirtió Roses.

La funcionaria subrayó la necesidad de que el interés manifestado por los gobiernos de los Estados Miembros, socios cooperantes y representantes de diversos sectores de la sociedad vinculados al tema, se traduzca en un decidido apoyo político y de recursos que le den soporte y viabilidad al Programa Regional Conjunto, permitiendo que se alcancen los objetivos propuestos.

“Las políticas sobre drogas están siendo revisadas en la región, y ambas organizaciones tienen el mandato de dar información científica actualizada para facilitar a los gobiernos la toma de decisiones sobre bases más sólidas. Solamente a través del debate amplio e informado, pueden generarse ideas innovadoras y que puedan ser evaluadas”, enfatizó Roses.

Con su labor sobre tabaco y alcohol, la OPS tiene experiencia para abordar la discusión en relación a las drogas ilícitas desde una perspectiva de salud pública.

Tabaco, alcohol y drogas ilícitas, están relacionadas entre sí, comparten factores de riesgo y los principios de salud pública implicados en su abordaje también son los mismos. Sin duda, la aproximación y coordinación del trabajo entre las organizaciones facilita la integración de estos temas, lo cual ya ocurre en varios países.

“La OPS, a través de esta articulación con la CICAD, reafirma su compromiso con la protección del derecho a la salud y otros derechos humanos conexos de las personas afectadas por los trastornos debidos al consumo de sustancias, poniéndose a la disposición de los países de la región para apoyar sus esfuerzos”, concluyó Roses.

La CICAD, por su parte, examinará la situación actual del tráfico de drogas en las Américas y su impacto en la seguridad regional.