El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, propuso la creación de centros de consumo controlado para adictos a las drogas.

“El Estado puede darle al adicto dos posibilidades de rehabilitación: una de ellas con autonomía personal o, si el adicto no es capaz de asumir esa autonomía, puede brindársele la misma droga, como se hace en Europa con los medicamentos que quitan la ansiedad y que permiten que la juventud que está en las drogas no sea víctima de la inseguridad, redes de microtráfico y delincuencia”, dijo Petro en declaraciones a medios locales.

Según el alcalde de la capital colombiana, el Gobierno nacional debe elaborar una política de drogas integral que debe tener entre otros elementos, la prevención generalizada en la juventud, la rehabilitación con dineros del Estado para todo aquel que voluntariamente lo quiera y la disminución del microtráfico en el país.

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que la propuesta del alcalde tiene dos componentes. El primero sería la puesta en marcha de unidades móviles de atención a personas adictas, indigentes y delincuentes menores que están bajo el influjo de las drogas y el alcohol y “voluntariamente” aceptan un tratamiento. La segunda es permitir que quienes no están interesados en la ayuda definitiva puedan, en un momento dado, ser atendidos en sus necesidades básicas.

“Si bien se necesita rigurosidad en las penas para castigar el narcotráfico, el consumidor de sustancia psicoactivas debe ser entendido como un paciente”, agregó.

La semana pasada el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sancionó la primera ley que reconoce la adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública, lo que supone un giro en su lucha antidrogas al dejar de verlo sólo como un problema de orden social.

La iniciativa reconoce la enfermedad y garantiza el tratamiento integral. En consecuencia, los adictos deben ser tratados como enfermos y tienen derecho de pedir de manera voluntaria y recibir una atención integral por parte del Estado.

La política antidrogas de Colombia, uno de los países más afectados por el flagelo de la producción y tráfico de estupefacientes, ha sido abordada durante décadas desde el sector de la Defensa, con la persecución a los narcotraficantes y la destrucción de cultivos y laboratorios.

La propuesta de Petro está sujeta a la aprobación que del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia EFE